Una reforma profunda y definitiva a la nefasta raigambre educacional chilena se ha ido postergando y maquillando con pálidos tintes de renovación con el correr de los años. Me parece imperativo que se lleve a cabo de una vez por todas, que todos los esfuerzos desplegados por los estudiantes de mi país, que siembran día a día el anhelo de obtener una equidad en este derecho esencial, rindan sus frutos y se considere una propuesta seria en torno a la eliminación del lucro y a la gratuidad de la enseñanza de manera transversal.
Dentro de las medidas elaboradas para equiparar esta desigualdad crónica figuran la eliminación del lucro en las instituciones educativas; desmunicipalización de la enseñanza pre escolar, primaria y secundaria; mejora de las condiciones estructurales de los establecimientos educacionales ( principalmente los centros politécnicos que forman técnicos de cuaderno y lápiz bic); mejoramiento en la formación de la planta docente ; presupuesto para un transporte escolar público y gratuito a nivel regional o uso del pase escolar en la región metropolitana durante todo el año. Estas, entre otras iniciativas, suenan fuerte en la actualidad, sin embargo, existe un punto fundamental que no es abordado dentro de estas demandas: es necesario elaborar un catastro laboral basado en las estadísticas existentes sobre empleo y desempleo. Muchos jóvenes que egresan de la enseñanza media ven en la universidad una puerta de entrada segura la mundo laboral y, por ende, a una perspectiva de vida y mejora económica , pero tienen una escasa orientación respecto a la demanda laboral pública y privada. Las universidades, de toda índole, han saturado el mercado con una aparentemente tentadora oferta académica que produce año a año múltiples profesionales. Pero el rol educativo termina ahí: los estudiantes egresan y en la etapa posterior quedan a la deriva, en muchos casos, con una pesada mochila de crédito universitario a pagar. ¿Cuántos cesantes ilustrados realmente trabajan en lo que estudiaron? ¿Cuántos reciben una remuneración que se condice con el inmenso gasto en titularse? ¿Sirven para algo los famoso bachilleratos a la hora de encontrar trabajo? ¿Cuántos están en condiciones de pagar ese préstamo estudiantil, además de todos los gastos familiares? Es momento de que aparezcan las cifras reales, esas que incomodan a los políticos en campaña. Es propicio que alguien nos ilumine entre la niebla académica y nos diga, con una mano en el corazón, o en el bolsillo si prefieren: cuántos profesionales se necesitan, qué tipo de profesionales, cuántos técnicos por cada ingeniero, cuántos profesores y de qué areas, cuál es la real remuneración que recibirán al titularse tanto en la empresa privada como en el sistema público. Sin duda, falta muchísimo por abordar dentro de las demandas de educación igualitaria, gratuita y de calidad. Hablemos de transparencia, pero con la altura de miras que involucra: tenemos derecho una educación digna, de calidad, con un costo alcanzable para todos pero, fundamentalmente, que sea la llave para el empleo.
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